Revista de Humanidades Nº 49: 131-159 ISSN: 07170491 • DOI 10.53382/issn.2452-445X.776

Esclavos y esclavistas en el desierto: trabajo y relaciones sociales en torno a la esclavitud negra durante la protoindustrialización minera (Tarapacá, 1765-1845)

 

Slaves and slaveholders in the desert: labor and social relations around black slavery during mining proto-industrialization (Tarapacá, 1765-1845)

 

 

Damián Lo Chávez

Universidad de Tarapacá

Avenida 18 de Septiembre N° 2222, Arica, Chile

[email protected]

 

Carolina Cortés Silva

Universidad de Tarapacá

Avenida 18 de Septiembre N° 2222, Arica, Chile

[email protected]

 

 

Resumen

 

La esclavitud negra en Tarapacá es un capítulo de la historia poco conocido. La industria, el salitre y el movimiento obrero acapararon la atención de la historiografía sobre la actual región de Tarapacá. En contraste, en el pasado colonial y peruano, permanecen sujetos históricos parcialmente olvidados por la historiografía. Nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva más profunda respecto de la trayectoria de las personas afrodescendientes y la relación social que supuso la esclavitud más allá de la acotada bibliografía disponible. Este artículo ofrece un avance en la comprensión de una relación social de propiedad y trabajo definida por una categoría étnica que persistió hasta el siglo XIX en un territorio y tiempo caracterizado por la expansión minera y la protoindustrialización del desierto que precedieron a la moderna industrialización.

 

Palabras clave: esclavizados/as, protoindustria, afrodescendientes, Tarapacá, economía.

 

Abstract

 

Black slavery in Tarapacá is a little known chapter of history. Industry, saltpeter and the workers’ movement have monopolized the attention of historiography on the current Tarapacá region. In contrast, in the Peruvian-Colonial period there remain past historical subjects partially fogotten by historiography. Our main objective is to offer a deeper perspective, regarding the historical trajectory of people of African descent and the social relationship that slavery entailed, beyond the limited bibliography available. This article offers an advance in the comprehension of a social relation of property and work defined by an ethnic category that persisted until the19th century in a territory and time characterized by the mining expansion and the proto-industrialization of the desert that preceded modern industrialization.

 

Keywords: Enslaved, proto-Industry, Afrodescendants, Tarapacá, Economy.

 

Recibido: 19/05/2023 Aceptado: 16/08/2023

 

 

 

1. Introducción

 

Los estudios e investigaciones históricas sobre afrodescendencia en Chile evidencian su presencia permanente en el territorio nacional. En los casos de Tarapacá y Arica, ofrecen particularidades geopolíticas debido a la anexión tardía tras la Guerra del Pacífico (tratados de 1883-1929). Ambos territorios son disímiles en cuanto a la producción de estudios e investigaciones con temáticas afrodescendientes.

En Tarapacá, a pesar de la existencia de población afrodescendiente, existen pocas investigaciones sobre la materia, probablemente porque la atención historiográfica se ha concentrado en otros actores y tiempos modernos-contemporáneos.

En este trabajo haremos uso de las nomenclaturas utilizadas en las fuentes coloniales donde se hace referencia a las personas en condición de esclavitud: negro/a, mulato/a, zambo/a, pardo/a y zambaigo/a, conceptos que fueron creados para segregar y racializar a una parte de la población. Gregorio de Cangas e Hipólito Unanue fijaron aquellos criterios para diferenciar a las personas por su clase y color. Cangas elaboró una clasificación que se basó en los tres troncos originarios: españoles, negros e indios y a partir de ellos/as el resto de las mezclas (Arrelucea y Cosamalón 83).

Estas categorías clasifican el proceso de castagénesis que fue la matriz donde surgió la identidad latinoamericana y los sectores de trabajadores populares en la América Latina moderna y contemporánea (Vinson cap. 3). Fue desde luego un sistema diseñado para reproducir jerarquías y desigualdades en beneficio de sectores dominantes hispano-criollos, otorgando calidad de inferior a las personas afrodescendientes, además de asignarles características negativas como la delincuencia y la inferioridad intelectual (Klein y Vinson 253). Tenemos presente que la nomenclatura étnico-social colonial fue impuesta verticalmente a los sujetos por las élites dominantes para inferiorizar, discriminar y cosificar al individuo esclavizado y a sus descendientes. Aludimos a estos conceptos como referencia directa a las fuentes primarias, entendiéndolas como documentos producidos por una sociedad jerárquica con características específicas.

En Tarapacá, la presencia histórica afrodescendiente ha sido abordada directamente como problema de investigación, sin embargo, son pocos los trabajos escritos. Un primer trabajo sistematizó tempranamente las características socio-étnicas del eje Pica-Matilla en términos cuantitativos a partir de los libros parroquiales. Entre 1700-1749 se registraron 2.762 bautismos, de los cuales el 1,48% correspondía a sujetos denominados como negros y un 19,76% a zambos, nacidos de la unión entre negro e indígena, y un 2,78% a mulatos, nacidos entre el sujeto blanco, hispano-criollo, y el sujeto de ascendencia africana (Ossandón 57-58). Hacia la mitad del siglo, con el pleno despegue de la minería metálica y la protoindustria de beneficio de minerales, esta expansión del mestizaje con componentes afrodescendientes se extendió notoriamente según las fuentes analizadas.

En el siglo XVII se radicó una segunda generación de colonizadores españoles como terratenientes viñateros que orientaron su producción al Alto Perú y adquirieron personas esclavizadas para distintas labores. Bermúdez situó a la población afrodescendiente como la última de la jerarquía étnico-social de Tarapacá colonial, por debajo de los indígenas tributarios propietarios de tierras e identificó a algunos de los principales esclavistas y las dinámicas de transferencia de los apellidos entre propietarios y personas esclavizadas1. Sucesivos descendientes de estos sujetos figuran uniéndose en matrimonio con individuos indígenas “del común”2 (42).

Una obra clásica sobre la Colonia en Tarapacá contiene un breve acápite dedicado a la esclavitud con información de interés. Notable es la tendencia de varios esclavizados a adquirir oficios que, junto con relativa juventud, buena salud y conducta, elevaban considerablemente su precio. Villalobos detectó la presencia de personas esclavizadas en las oficinas de beneficio de metales y minas. La resistencia de los indígenas a incorporarse a las faenas dirigidas por los hispano-criollos fue, en opinión de Villalobos, uno de los factores que explican una presencia de mano de obra esclava que, sin ser masiva, es constante a lo largo del siglo XVIII (232-35).

Respecto de investigaciones recientes, Daponte se ha centrado en la dimensión cultural-musical de la presencia afrodescendiente en Tarapacá, sobre todo en labores agrícolas, junto con una prolija revisión de bibliografía disponible sobre Tarapacá durante el período Colonial (cap.1). Por otra parte, el trabajo de Donoso es una tentativa de balance general de ambas épocas, Colonia y República peruana. A partir de síntesis bibliográficas y algunas fuentes documentales este trabajo menciona la constante presencia afrodescendiente en diversas actividades económicas y un descenso de dicha población a lo largo del siglo XIX (Estudio 103-34). Creemos necesario un acercamiento más profundo a la población afrotarapaqueña de los siglos XVIII y XIX, especialmente respecto del trabajo, las relaciones laborales y su papel en una economía regional que gira en torno a la minería y el beneficio protoindustrial de minerales. Este será el objetivo general de este trabajo.

Nuestra concepción de trabajo libre tomada de Marx presupone un desarrollo histórico impulsado por factores que permiten el surgimiento de un creciente grupo de individuos dueños de sí mismos, de su fuerza de trabajo y en libertad de venderla en un mercado de trabajo asimismo definido como libre (El capital cap. 4). En nuestro espacio-tiempo este concepto es una abstracción teórica que empleamos para analizar las formas de trabajo realmente existentes en el conjunto social. La tendencia histórica en los siglos XVIII y XIX fue la prolongada existencia de diversas formas intermedias entre la esclavitud y el trabajo libre. Estas formas deben comprenderse no solo estudiando la relación laboral entre patrón y subalterno, sino el conjunto de relaciones sociales que rodea a ambos sujetos dentro y fuera del espacio de trabajo (Van der Linden 144-45). El trabajo plenamente libre, contractual y sin ninguna clase de compulsión-coerción es tardío en el mundo occidental (Steinfield 10). En una relación laboral idealmente libre la persona tiene la libertad para ingresar y para salir de ella (Ruggiero 132).

El análisis microhistórico de fuentes primarias nos permitió acceder a sujetos y situaciones que nos posibilitan escrutar las características de todo un estrato social en determinada época (Ginzburg 10). Hemos trabajado una serie de fuentes documentales con este enfoque microhistórico, en diálogo con datos globales y el contexto histórico: Fondo Notarios de Tarapacá del Archivo Histórico Nacional de Chile (AHN-FNT) y Fondo Juzgados de Iquique del mismo archivo (AHN-FJI); Fondo Judicial de Arica en el mismo archivo; Archivo General de la Nación en Lima, Sección Republicana (AGN); Archivo Histórico de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (AHL), Archivo del Arzobispado de Arequipa (AAA) y Archivo General de Simancas (AGS) de España vía portal PARES.

Hemos tratado muy brevemente manifestaciones culturales, vida privada, sexualidad, discursos e ideas, conscientes de que estos aspectos merecen un trabajo mayor. El marco temporal comprende dos hitos: la masificación de la protoindustria de beneficio de minerales a partir de 1765 con el poblamiento del desierto y el Padrón de Contribuyentes de 1845 que nos permite observar en detalle la temprana sociedad republicana.

 

 

2. La expansión minera del siglo XVIII
y la era de la protoindustria regional

 

En el siglo XVI, se registró la primera llegada de personas esclavizadas ‘negras’ a Tarapacá, junto con los primeros encomenderos, como sirvientes domésticos, trabajadores agrícolas y, sobre todo, trabajadores mineros. Destacan en el testamento de Lucas Martínez Vegazo personas organizadas como una cuadrilla de mineros de diversa calificación: un maestro oficial herrero, una mujer encargada de la logística de la alimentación, un maestro fundidor en el pueblo de Tarapacá y un ‘negro’ encargado de fabricar carbón (Trelles 303-04).

Las minas de Huantajaya fueron redescubiertas a inicios del siglo XVIII. Hacia la década de 1740 se encontraban otra vez en auge y funcionamiento con nuevos inversionistas de España, Lima y la élite regional. El redescubrimiento de este mineral fue conocido en todo el Imperio y las llamadas papas3 llegaron a manos del rey de España (Gavira 37-57). Los mineros generalmente operaban en sociedad con un financista-habilitador, quien adelantaba recursos en dinero, herramientas e insumos esperando un porcentaje de plata beneficiada en retorno (Fisher 257-268).

La importancia de la expansión minera del siglo XVIII radica en el dinamismo que imprimió a la sociedad regional atrayendo nuevos habitantes y transformando socialmente la geografía y el espacio. El desarrollo de Huantajaya fue seguido de descubrimientos en ambas cordilleras, estimulando el comercio interregional, el arrieraje y la agricultura. Tarapacá adquirió relevancia fiscal mediante las visitas de minas e informes sobre el territorio que llegaron al virrey y a Madrid (Hidalgo, “Civilización” 5-44). La Corona elevó el tenientazgo dependiente de Arica a corregimiento con su propio gobernador en 1767. Posteriormente, Tarapacá fue integrado como partido a la Intendencia de Arequipa durante la reforma administrativa de 1784.

Los mineros tarapaqueños construyeron azoguerías u oficinas de beneficio de metales, llamadas butrones, basados en el método de beneficio de patio que se extendió desde Nueva España a toda la América minera colonial (Trabulse 144-72). Este método implicaba una incipiente división del trabajo para producir un bien de alto valor: la plata-piña refinada (Villalobos 187-201). Los primeros butrones estuvieron anexos a las casas de los potentados tarapaqueños en la quebrada de Tarapacá, que proveía acceso al agua y a la mano de obra indígena (Mukerjee 217-225).

Hemos utilizado el concepto protoindustria minera o de beneficio de minerales, definida como una unidad productiva manufacturera que contiene una incipiente división del trabajo y cuya producción se distribuye hacia un creciente espacio geográfico, para dar sentido a una etapa de la historia regional sobre la base de criterios económicos y sociales. El concepto, discutido en una extensa bibliografía, ha sido convincentemente aplicado a Hispanoamérica colonial e implica la coexistencia de diversas formas de trabajo definidas por familia, salarios, compulsión y esclavitud según contexto (Miño 70-112).

En 1765 comenzó la expansión de la protoindustria minera en el desierto tarapaqueño, historia que concluirá con el predominio de las oficinas salitreras maquinizadas a fines del siglo XIX. En 1765, Santiago Torres, minero hispano-genovés, adquirió un pozo en la Pampa del Tamarugal de Gerónimo Mayol, natural de Mallorca, en mil pesos que debía pagar en un plazo de seis meses. En diciembre de 1766, Mayol demandó a Torres por morosidad: alegó que Torres dijo no tener dinero, pero “es notorio público que tiene un negro, una noria que le ha costado muchos pesos, barriles y fomentos con que hace sus despachos todas las semanas” (AHN-FJI, caja 254, expediente 3). Dos mercaderes tasaron al “negro nación”4 llamado Manuel en 420 pesos y con su traspaso al acreedor se llegó a un acuerdo para concluir este pleito.

Este pozo dio origen a la primera oficina de beneficio de metales del desierto, oficina San José, diversificando la oferta de un servicio hasta entonces concentrado en manos de pocos acaudalados en la quebrada de Tarapacá. Un sujeto esclavizado fue la piedra angular que permitió a Torres conservar su pozo e iniciar una nueva época en la historia regional. Personas cosificadas y transformadas en moneda de cambio en transacciones mercantiles fueron un hecho fundacional en la historia de la industrialización del desierto tarapaqueño (Kopytoff 90-91). En la Oficina San José fueron bautizados un grupo de ‘zambos’ y ‘mulatos’ de apellido Torres, como su dueño, al establecerse el sector como viceparroquia de la Doctrina de Pica hacia 17805 (Núñez 58-59). En consecuencia, la mano de obra esclavizada y la venta de personas esclavizadas tributaron a la creación de la protoindustria tarapaqueña.

 

 

3. Mineros, esclavitud y población afrodescendiente en los minerales tarapaqueños

 

En este apartado analizaremos algunos casos significativos de relación minería-esclavitud en la segunda mitad del siglo XVIII, destacando el papel que jugaron las personas esclavizadas en la minería pese a su escaso número. En el año 1747, Bartolomé de Loayza se asoció con el español Felipe González de Cossio y con el tiempo miembros de esta pudiente familia se radicaron en Tarapacá. Matías González de Cossio fue uno de los principales mineros de Huantajaya y destacado personaje. González de Cossio compró personas esclavizadas de corta edad quizás para constituir, mediante la crianza, servidumbre de confianza y trabajadores calificados.

Las personas esclavizadas, consideradas bienes muebles de alto valor, eran tasadas según su condición física, conducta y aptitudes para el trabajo (Tardieu 60-68). En 1777, Juan Bautista de Aristi le debía a González de Cossio 4.000 pesos, y para saldar una parte de la deuda le cedió a Pedro, zambo de 2 años “para que como cosa suya propia, habida y adquirida con justo título, los posea, goce, venda, cambie, enajene o disponga de ella a su voluntad” (AHN-FNT, vol. 2, f. 72). Ese mismo año, González de Cossio adquirió la “zamba” llamada Andrea de 11 años por el valor de 280 pesos (AHN-FNT, vol. 2, ff. 18-19). Quizás los niños necesitaron cuidados asociados a la crianza, para lo que creemos que González de Cossio adquirió de Francisco Javier de Palza, minero y administrador del estanco del tabaco, una esclavizada “negra” María, de 40 años, por el valor de 200 pesos (AHN-FNT, vol. 2, f. 40).

Estos valores de fines de la década de 1770 pueden compararse con otros bienes tasados en fechas cercanas. En 1789, el minero de Pica, Josef de Loayza se casó con Gertrudis de Nestares y en el inventario de la dote de 20.000 pesos indica que entregó tres personas esclavizadas “negras” por el valor total de 1.100 pesos. En el mismo documento, una casa nueva con tienda en la plaza de Pica cuesta 14.000 pesos y una chacra 3.500. Según el inventario, las personas esclavizadas ocupan el tercer lugar (AHN-FNT, vol. 5, f. 132).

Una característica de la producción protoindustrial fue la violencia interpersonal directa entre los propietarios, sus allegados y la fuerza de trabajo. Además, personajes encargados de la justicia estaban emparentados con mineros y propietarios de oficinas. ¿Qué rol jugaron los esclavizados en este precario sistema de relaciones laborales?

En 1779, Ambrosio Esquivel se querelló ante el gobernador por lesiones contra Francisco Javier Palza, alcalde de Huantajaya. Su hijo Manuel era peón barretero en las faenas de Palza, quien le adeudaba salario. Al cobrárselo, Palza le dio una golpiza: “con ayuda de sus esclavos, mujer y demás familia con tan enormes y feroces golpes en cuerpo y cabeza, con rotura, como están a la vista, en estado y términos de quasi perder la vida…” (AHN-FJI, caja 620, pieza 3). Un esclavizado “negro”, Joseph Corrales fue testigo de la agresión e identificó al “zambo” nombrado “Don Javier”, esclavizado de Palza, entre los autores. El apelativo de “Don” es curioso en un esclavizado, lo que puede referir a la función de capataz o mayordomo en el contexto minero.

Los esclavizados fueron fundamentales en la mantención del orden sociopolítico colonial, al mismo tiempo que grupos de ellos adquirían un grado de confianza y conocimientos técnicos. En 1789, Matías de Soto, destacado minero y hacendado, postuló para sargento mayor de milicias, indicando que cedió para el servicio del cuerpo seis pedreros con seis esclavizados “negros” para su manejo (AGS, Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra, legajo 7114, f. 173). Un pedrero es una pieza de artillería que requiere de instrucción en su uso y también conocimiento del manejo de la pólvora.

El sacerdote limeño Juan Josef de los Olivos fue un singular personaje. Minero y capellán en Santa Rosa, tenía un total de nueve esclavizados, dos mujeres, dos muchachos jóvenes y cinco hombres adultos, además de un criado en servidumbre no remunerada. Al fallecer en 1792, los esclavizados varones que se encontraban en la mina Nuestra Señora de la Candelaria fueron inventariados junto con las herramientas y aperos. Uno de ellos, Joaquín, le había sido vendido por el comerciante salteño Pedro Castilla. Tres varones adultos quedaron como parte del conjunto de bienes asociados a la mina: “Jossef, Joaquín y Manuel ordeno y mando sean ejercitados en el laboreo de la mina... y mando que este se prosiga con toda vigilancia sin permitir demora alguna…” (AHN-FJI, caja 321, expediente 48). La idea de Olivos era que sus herederos continuasen explotando esta mina con el objetivo de distribuir utilidades a capellanías.

Las dos mujeres, María y Candelaria, tuvieron mejor suerte. Fueron beneficiadas en el testamento con la libertad por su fidelidad y compromiso en el servicio. Olivos les legó a ambas mujeres un usufructo perpetuo de una casa en Huantajaya frente a la iglesia. La casa pasaría a la fábrica de dicha iglesia en el futuro, tras fallecer las susodichas. A María adicionalmente le dejó para su servicio perpetuo un “negrito mi esclavo Manuel”. María fue un personaje singular dadas sus funciones. Al inventariar los bienes de Olivos se encontraron “seis cartas escritas por el finado a su criada María… respecto de recibos de metales en Iquique”. Al morir su propietario, la mujer “negra” esclavizada fue manumitida mediante el testamento de su dueño, poseía servidumbre y gozaba de una propiedad en el centro de un relevante asentamiento minero.

Estos casos no son extraños cuando se trata de sacerdotes de alta posición social. Por ejemplo, el cura Blas de la Fuente y Loayza, nieto de Josef Basilio de la Fuente, ejerció como cura en San Lorenzo a fines del siglo XVIII y en los Pozos del Tamarugal a inicios de la República. Al testar en 1829 le concedió a su criado Fernando la libertad y su casa en San Lorenzo, en la plaza de la Iglesia junto a la de un acaudalado pariente, el capitán Valentín de la Fuente. La condición fue que tocase perpetuamente la caja en la misa de los sábados en dicha parroquia. La sociedad en el siglo XIX aún permanecía muy estratificada, por lo tanto, es bastante probable que aquellas personas que transitaron desde sectores populares-subalternos a ciertos privilegios pudieron recibir tratos diferenciados. No sabemos qué tipo de discriminación pueden haber enfrentado las personas que transitaron jurídicamente de bienes muebles a vecinos. A pesar de ello, fueron notables casos de movilidad social en una sociedad, aparentemente, de infranqueables barreras étnico-sociales.

En junio de 1793, Pablo Rivera de los Olivos, sobrino que heredó la mina tras la muerte Juan, dio cuenta de un cruel abuso. Al amanecer, el “negro” Jossef cargaba agua con destino a la bocamina para dar de beber a los criados que iniciarían el turno de trabajo. El alcalde de Santa Rosa, Antonio Aldecoa, le quitó dicha agua a Jossef y al resistirse fue apaleado y puesto en prisión. El incidente fue perjudicial para Rivera, en tanto perdió una jornada de trabajo dado que los trabajadores no ingresaron a la faena sin ración de agua. Aldecoa le exigió que vendiese a Jossef fuera del mineral porque este le había amenazado de muerte en una supuesta carta. Rivera exigió al diputado de minería que Aldecoa presentase evidencia y que luego remitiría a Jossef en “el primer navío que viniese para escarmiento suyo y de otros” (AHN-FJI, caja 1, expediente 31). Esta propuesta del propietario nos remite al hecho de que los esclavizados han formado comunidad y vínculos conviviendo en el mineral y el extrañamiento figura como un duro castigo. Al no presentarse la evidencia solicitada, Rivera insistió en “que dicho mi esclavo salga de la prisión en que se halla y me trabaje como barretero en la mina que tengo”.

En la mina laboraban dos tipos de operarios: el apir, encargado de subir el material con una mochila de cuero llamada capacho, y el barretero, trabajador especializado y mejor pagado que debía conocer las vetas y el manejo de herramientas. Hemos detectado al mencionado Jossef haciendo esta labor y también a otros afrodescendientes libres. Es notable el caso de Josef Leaños, mulato libre, de oficio barretero, hacia 1775 en Huantajaya. Leaños es descrito como “hombre alzado, atrevido, desvergonzado, traidor y según pública voz y fama ladrón… y le consta ha sido castigado diferentes veces por los señores que han tenido el cargo de jueces” (AHN-FJI, caja 150, expediente 28). Acusado de un robo, su coartada es que se encontraba teniendo un papel principal en la fiesta del burreo, celebración carnavalesca centrada en la inversión del orden social.

Tanto en los asientos mineros como en el desierto proliferaron los descendientes de los esclavizados como jornaleros sometidos como muchos otros al régimen de peonaje por endeudamiento6, típico de la protoindustria minera. La alternativa del acceso a la tierra era casi imposible porque la tierra cultivable era un bien escaso en Tarapacá. Se encontraba repartida cuidadosamente entre la élite hispano-criolla, la Iglesia y las comunidades indígenas tributarias. En 1766, Manuel Paucay, indio tributario del pueblo de Laonzana, demandó a Juan Vásquez, descrito como pardo forastero, quien llegó hace tiempo vendiendo vinos e hizo amistad con su abuelo Andrés Paucay. Vásquez consiguió instalarse en sus tierras “con grave perjuicio nuestro” y sin pagar tributo a la Corona. El teniente gobernador de la provincia mandó a expulsar a Vásquez y su familia, repartiendo las tierras cuidadosamente medidas entre los hijos y nietos de Paucay (AHN-FJI, caja 333, expediente 2). Un caso similar se desarrolló en 1807: Juan Gómez, indio tributario había heredado tierras que habían sido de su padre y de su tía abuela. Creyéndolas abandonadas, el alcalde de Pica Julián de Morales instaló a un grupo de esclavizados a trabajar dichas tierras. Gómez exigió el retorno de esas tierras presentando documentos que demostraban su propiedad y alegando que “choca a la luz de la razón que ‘negros’ desheredasen a indígenas tributarios” (Donoso, Estudio 125).

 

 

4. Esclavizados, afrodescendientes y beneficio protoindustrial de minerales

 

En 1789, Francisco Javier Palza suplicó a Santiago Torres que le prestase 1.000 pesos. Torres accedió, pero a condición de que Palza le hipotecase una unidad productiva completa ubicada en Los Pozos, denominación que recibió un amplio sector de la Pampa del Tamarugal en lo que hoy es la comuna de Pozo Almonte. Esta oficina de beneficio de metales se llamó Nuestra Señora del Carmen y la hipoteca contemplaba sus piedras de molienda, fondos de cocimiento, bestias para trasladar agua a Huantajaya y cuatro esclavizados (AHN-FNT, vol. 2, f. 175). Producto de esta deuda quedaron finalmente dos oficinas, llamadas también butrones, en manos de Torres: San José y Nuestra Señora del Carmen con sus respectivos esclavizados.

Los ingenios de beneficio de metales fueron el espacio por excelencia donde coexistieron las diversas personas subalternas que conformaron la fuerza de trabajo. Peones que trabajan por adelanto-endeudamiento, esclavizados, criados y la red familiar que administró la unidad productiva. Es decidor al respecto la declaración de Agustín Caruncho, minero y dueño de ingenio de beneficio en el volcán Miño hacia 1766: “tengo a mi cargo en concierto a varias gentes de todas clases para el trabajo de minas e ingenio que tengo…” (AHN-FJI, caja 563, expediente 29).

Al morir Santiago Torres, en 1793, su hijo Juan Bautista Torres, párroco de Iquique, se hizo de Nuestra Señora del Carmen y vendió la oficina San José. En 1793, Torres hijo tuvo un conflicto con un herrero, trabajador libre, Antonino Torres, descrito como mulato, experto en la fabricación y reparación de las herramientas e implementos. Creemos posible que el herrero Torres o su madre hayan estado vinculados en el pasado por esclavitud a Santiago Torres (Núñez 59). Por otra parte, Santiago Torres empleó esclavizados en diversas tareas especiales. Por ejemplo, como fuerza para expulsar de los alrededores a relaveros7 que tentaban a sus operarios a cometer robos en las oficinas en 1791 (Villalobos 209).

El cura vicario de la Iglesia tarapaqueña acusó a Juan Bautista Torres de haber cometido un delito al flagelar al mulato herrero. Torres declaró: “le hice encargo de las herramientas: picos, cuños y otros accesorios de que deben estar bien templados y para perfeccionar las piedras de molienda (…) pagándole como le pagaba por su correspondiente trabajo más otros gajes gratuitos” (AHL-TAC-007, f. 83). El Sacerdote Torres se disgustó con el herrero porque consideraba que hacía deliberadamente mal su trabajo por hostilidad y soberbia. Una discusión subió de tono y Juan Bautista Torres ordenó a sus criados que lo redujeran y le diesen latigazos “para escarmiento suyo y ejemplo de otros que deben guardar a los señores sacerdotes” (AHL-TAC-007, f. 84). A este respecto, los grupos subalternos poseían discursos ocultos frente a los/as “amos” que se traducían en micro resistencias, como hacer mal el trabajo o romper las herramientas para ralentizar el trabajo y mermar la producción (Scott 38)

La oficina San José fue vendida a la sociedad de Matías Paniagua e Ignacio Bustos, mineros con intereses en Huantajaya. Ambos tuvieron un conflicto por la administración del butrón y dejaron un extenso documento del caso (AHN-FJI, caja 30, expediente 2). En esta documentación se muestran las funciones, usos y valores de los esclavizados en la protoindustria. “Una negrita” (AHN-FJI, caja 30, expediente 2, f. 24) fue entregada para saldar una deuda con el potentado minero Francisco de la Fuente. Inventarios producto de este pleito registran a los esclavizados en estas faenas. A saber, un negro “viejo y vicioso” llamado Ascencio, tasado en 200 pesos. Siete burros con todos sus implementos a 11 pesos cada uno, y un esclavizado que hacía de arriero en 250 pesos. Entre las acusaciones levantadas por Bustos contra Paniagua figuraba haber vendido a sus espaldas un negro llamado Manuel y una zamba llamada Gertrudis, ambos “bienes pertenecientes a la Compañía”. Un testigo así lo ratificó, indicando que Manuel fue vendido a Ninfa Vera, dueña de la vecina oficina Rosario.

La relación entre esclavitud, presencia afrodescendiente y minería metálica en Tarapacá no es un tema nuevo, habiendo sido explorado por varios autores. Sin embargo, el vínculo entre afrodescendientes, esclavitud y salitre es inédito. En mayo de 1812, Josef Jacinto Palza, hijo del minero Francisco Javier, interpuso una querella a raíz de un polémico hecho acaecido en su oficina salitrera ubicada en la Pampa del Tamarugal. Acusó a Lucas Núñez, mayordomo de otra oficina, de violar a su sobrina y entrar con terceros a robar y hacer escándalo mientras Palza se encontraba ausente. Poco después, Palza acudió a una ramada a la oficina de don Manuel Hidalgo, donde se encontró con el citado Núñez y ambos se agredieron mutuamente alegando lesiones por parte del otro (AHN-FJI, caja 620, pieza 6).

Declaró el zambo Agustín, esclavizado de María Cevallos, quien intervino para separar la pelea. Sobre el motivo de la misma, alegó no saber nada “por no haber visto nada en el tiempo que hace que trabaja en estos Pozos” (AHN-FJI, caja 620, pieza 6). En los padrones de butroneros consultados no figura ninguna María Cevallos. Creemos que Agustín se renta como trabajador asalariado para compartir jornal con su dueña. Cevallos tiene otros cinco esclavizados en la pampa, tres mujeres y dos hombres (AHL, TAP-004). Bajo este sistema incluso era viable reunir dinero para automanumitirse comprando su propio coste, siendo esta una fase de transición entre esclavo-trabajador libre, fenómeno común en las ciudades peruanas a fines de la Colonia e inicios de la República (Hunefeldt 35-58).

Lucas Núñez, vecino de Pica, en su relato da cuenta de las relaciones que predominaban en las primeras paradas salitreras. Núñez alegó que Palza cometió el crimen de homicidio frustrado y usurpó las funciones de la justicia al armar “su gente”, criados y sus mujeres, con macanas y otras armas prohibidas para intentar prenderlo. Solo por la providencia pudo Núñez llegar a las proximidades de la serranía donde fue guarecido en la oficina de Manuel Arias.

Las diferencias de etnia-clase fueron la base de las argumentaciones. Palza indicó que “consta a todos ser persona distinguida en su nacimiento, trato y ocupación”, a diferencia de Núñez, descrito por Palza como “hombre vicioso de bajo nacimiento y vagante jornalero”. Núñez en su defensa alega que si él fuese un hombre de esas características no trabajaría de mayordomo de oficinas hace mucho tiempo, considerando que este es un puesto de confianza donde están a su cargo grandes intereses. Señaló que era “hijo de padre español y madre india pura”, largo tiempo vecinos en Tarapacá y que su familia es “toda gente conocida y respetable”.

En contraste, Palza ocultaba su pasado familiar dado que no se tiene claro donde nació su padre, posiblemente en el Valle de Chaca, partido de Arica, y que además tiene sangre “negra” porque su abuelo posiblemente fue un mulato al igual que su abuela materna. Esta, según Núñez, fue una “negra cacallenta llamada Tía Catulla” que tenía “el pelo obstinado como dicen a los de Guinea” y se hacía pasar por india vistiendo acso para ocultar su cabello que denotaba sus rasgos étnicos. El acto de “vestirse de una otra”, a veces, constituye un mecanismo de resistencia, una especie de representación teatral que trae consigo un discurso oculto. “Se trata de una política del disfraz y del anonimato que se ejerce públicamente, pero que está hecha para contener un doble significado o para proteger la identidad” (Scott 43), es poner en práctica el lado táctico del ocultamiento en este caso de una indígena que posee más derechos que una mujer afrodescendiente. Palza no negó ninguno de estos cuestionamientos.

Hacia 1819, la Real Hacienda siguió un pleito contra Martina Moyano, esposa de Juan Constantino Somoza, fallecido administrador de rentas del partido, por dineros que este quedó debiendo en dicha función. Las autoridades le permitieron a Moyano vender sus bienes, entre ellos dos esclavizados, y saldar la deuda. Moyano contactó a Palza, quien se hallaba en Tacna para remitirle ambos individuos para su venta (AHN-FJI, caja 151, expediente 26). También hemos detectado a Palza vendiendo y comprando personas entre Lima y Tacna entre 1814-1815 (AHN-FJA, caja 32, expediente 21). El último Palza minero y protoindustrial en Tarapacá fue el sacerdote Manuel Hermenegildo de Palza. Hijo de Josef Jacinto, este personaje producía salitre “en el punto de Zapiga” hacia 1831 (AHN-FNT, vol. 6, ff. 83-84). El caso de Palza, nombrado erradamente por Billinghurst como Plaza entre los pioneros salitreros (12), nos ilustra una compleja relación entre afrodescendientes y esclavizados en los albores de esta protoindustria salitrera que nacía semiclandestina a fines de la Colonia para producir pólvora (Donoso, “Los albores” 459-70). Las Guerras de Independencia aceleraron la crisis de la minería metálica en el sur peruano y Tarapacá experimentó una pobreza generalizada, razón por la que probablemente nadie compró los esclavizados (Jacobsen 127-98).

En el contexto de las luchas por la independencia se suscitaron algunos conflictos de interés donde figura la categoría étnico-social en la caracterización de las partes. En 1819, Luis Dávila, mayordomo de oficinas y minas, acusó a Vicente Granadino, butronero y salitrero, de distribuir propaganda patriota. Granadino negó la acusación y descalificó a Dávila por ser liberto e hijo de esclava. Dávila indicó que era cierto que su madre fue esclavizada, pero su padre natural pagó su libertad cuando este aún estaba en el vientre y “por esta razón nunca llegó el caso de ser esclavo” (AHN-FJI, caja 583, expediente 15, f. 8). En las guaneras del litoral también registramos un caso notorio: en 1819, José Ocsa, descrito como “moreno liberto” natural de Pica, fue acusado de agredir al alcalde de la guanera de Pabellón de Pica y de ser agitador independentista:

 

De su carácter y calidad nada es extraño pues el en su color es negro. Negras son sus operaciones, no tienen temor a Dios, no respetan a la justicia y en fin son infieles y enemigos de las demás castas, por lo que la naturaleza los distingue y las leyes los condenan a una perpetua esclavitud. (AHN-FJI, caja 617, pieza 4, s/f)

 

 

5. Esclavitud y rebeldías primarias

 

En Tarapacá no se presentaron rebeliones de esclavizados ni se alzaron voces contra la esclavitud. El poco peso numérico, la dificultad para sobrevivir fuera de la ley en el desierto y en una sociedad pequeña y fuertemente estructurada en torno a los señores hispano-criollos inhibieron fugas y sublevaciones. Salvo casos excepcionales, no hubo tampoco unidades productivas que concentrasen masivamente personas esclavizadas capaces de un alzamiento. Sin embargo, robos, fugas y otras desobediencias se registran en tanto resistencia a pequeña escala de los dominados contra sus dominadores (Scott 27).

En 1790, Valentín de la Fuente, minero de Huantajaya y capitán de milicias, denunció que le robaron tres arrobas de mineral. El autor del robo fue un esclavizado zambo de nombre Pedro, propiedad de Francisco de la Fuente. Pedro entregó el material a la butronera Magdalena Lapaca para su beneficio y perdió la plata jugando. Lapaca fue acusada de receptación, dándose a la fuga, finalmente fue capturada oculta debajo de una cama en una casa del mineral (AHN-FJI, caja 580, pieza 12). Observamos en este caso una alianza entre dos sujetos populares por excelencia de los asientos mineros de Tarapacá a fines de la Colonia. El trabajador esclavizado, por una parte, y por otra, el pequeño beneficio artesanal8 de minerales que era ejercido por indígenas y mestizos de condición humilde, no pocas veces mujeres.

Las personas esclavizadas llegaron a conocer bien el laberinto que era el subsuelo de Huantajaya, lo que las convertía en excelentes cómplices de robos organizados. En 1776, Manuel Pérez de Aragón, coronel y superintendente de armas de Arica, denunció un cuantioso robo en una de sus minas. Pedro Luxuco, esclavizado negro de Bartolomé de Loayza robó las llaves de una mina cerrada por el fallecimiento de su propietario e ingresó en ella con dos cómplices. Esta mina se encontraba unida con la mina de Aragón por un pasadizo sellado con caliches y una reja, el cual era conocido por Luxuco. Usando un combo, Luxuco y sus secuaces derribaron la reja, siendo posteriormente sorprendidos (AHN-FJI, caja 583, pieza 1).

A pesar de las dificultades, hubo tentativas de fuga que quedaron en los registros coloniales. En 1774, al tasar los bienes del difunto Josef Basilio de la Fuente, no encontraron en la casa-oficina Tilivilca a Domingo (su esclavizado), quien se hallaba en cimarronaje9. El albacea solicitó su persecución al gobernador del corregimiento (Hidalgo y González 176).

En el contexto de la Gran Rebelión (1781) habían sido recluidos en la isla de Iquique los derrotados cabecillas tarapaqueños del movimiento (Hidalgo, “Rebeliones” 247-70). Esta isla, además de servir de prisión, también era una explotación guanera de Antonio Cuadros, quien empleaba personas esclavizadas para esta faena. Gervasio, un esclavizado de propiedad de Fernando Morales, fue convencido por los cabecillas rebeldes de ayudarlos a huir a Camiña, epicentro del alzamiento tarapaqueño donde los rebeldes le darían pasaje adonde deseara. Gervasio improvisó unas botijas como flotadores para llegar a tierra y robar una balsa, estuvo a punto de ahogarse, fue descubierto y detenido (AHN-FJI, caja 583, pieza 2). En 1773, el minero y comerciante Roque Dorado denunció el robo de mercaderías y plata de su casa en Huantajaya. Su esclavizada Teresa confesó que mantenía una relación con Juan Cárdenas, carpintero, pero conocido estafador y ladrón. Cárdenas la convenció de sustraer especies hasta reunir un caudal que les permitiese fugarse juntos “a tierras lejanas donde daría arbitrio para libertarla” (AHN-FJI, caja 563, expediente 28).

 

 

6. Entre la reproducción endógena y la compraventa

 

La documentación evidencia una reproducción endógena de la esclavitud por matrimonios entre personas esclavizadas y castagénesis, sobre todo en los oasis de Pica y Matilla. Esta dinámica fue propia del siglo XVII. En el siglo XVIII, la expansión minera tarapaqueña formó parte del eje geohistórico que fueron las rutas entre África, la costa atlántica de América y el sur andino a partir de la apertura borbónica del puerto de Buenos Aires en 1778 (Bonialian y Hausberger 206). La compraventa de personas desde allende la cordillera es evidencia de esta conexión con el trascendental comercio esclavista del nuevo Virreinato de la Plata (Borucki 256). En síntesis, la fuerza de trabajo esclavizada se reprodujo localmente y aumentó adicionalmente por compraventa.

El expediente matrimonial de Francisco Ocharán e Hipólita Morales en San Lorenzo es un buen ejemplo de reproducción endógena en el entorno doméstico. Francisco fue adquirido por Silvestre Ocharán, minero, del remate de bienes de la expulsada Orden Jesuita hacia 1767. Hipólita era esclavizada de María Rita de Morales, esposa de Silvestre y había nacido en dicho hogar siendo su madre María Morales, “negra bozal”, natural de África. En 1793, Francisco recibió autorización para desposar a Hipólita, pese a haber tenido relaciones sexuales con la madre de Hipólita tiempo atrás (AAA, Serie Tarapacá, leg. 5).

El mayor esclavista de la historia de Tarapacá fue Josef Basilio de la Fuente, quien tuvo sesenta esclavizados, distribuidos entre Huantajaya, Tilivilca y Pica. En Tilivilca cumplían la función de servicio doméstico y trabajo protoindustrial y en Pica labores agrícolas. En Tilivilca había treinta y nueve individuos, incluyendo tres parejas de casados, veinte niñas y niños, de los cuales trece son hijos de los adultos del grupo. La residencia y butrón de Tilivilca fue uno de los núcleos de reproducción endógena de población afrodescendiente en Tarapacá. En Pica había diecisiete individuos, entre ellos dos parejas con tres hijos (Hidalgo y González 38). Es notoria la difusión del apellido de la Fuente a partir de este conjunto en matrimonios y bautismos registrados en Pica entre 1737-1777 (Torres 2, 1154-1155).

En el siglo XVIII se registra el ingreso de esclavizados para su venta tanto por mar como por los Andes. En 1790, Pedro de Luza, alcalde del puerto de Iquique, adquirió de Fernando Garay de Santiago de Chile un muchacho negro llamado Estanislao, enviado por mar (AHN-FNT, vol. 2, f. 296). En 1787, Manuel de Velásquez vendió en San Lorenzo a Manuel Riveros un esclavizado criollo llamado Joaquín de 22 años comprado a Eugenio Rocabado, presbítero del arzobispado de Charcas, de Cochabamba (AHN-FNT, vol. 5, f. 63). Arrieros y comerciantes que se radicaron en Tarapacá en el siglo XVIII fueron recurrentes tratantes de personas esclavizadas. Un ejemplo notorio fue Pedro Castilla10, arriero y comerciante de Salta, posteriormente minero, a quien encontramos en reiterados protocolos de compraventa.

 

 

7. Entre la servidumbre y la manumisión:
el fin de la esclavitud en Tarapacá

 

Durante la república, producto de una serie de acontecimientos socioeconómicos como la pobreza global de la sociedad regional, la decadencia de la minería argentífera y el lento despegue de la protoindustria salitrera hubo una tendencia a la disminución de compraventa de personas esclavizadas. La última compraventa registrada data de 1832. Domingo Esteban García vendió a Mariano Loayza y Marquezado, cura auxiliar de la doctrina de Sibaya y hacendado, una esclavizada llamada Dominga “color pardo, pelo crespo, nariz chata y mediana estatura” (AHN-FNT, vol. 6, f. 90).

En el censo de 1841, la mayoría de los afrodescendientes figuran sin datos referentes a su condición jurídica y laboral. La continuidad-disolución de la esclavitud en Tarapacá republicana y la situación de incertidumbre puede comprenderse a partir del servicio personal impuesto en cláusulas testamentarias, que explicarían en gran medida la situación de incertidumbre que sucedía a la liberación formal. Por ejemplo, un padre o una madre pueden manumitir a sus esclavizados a condición de que sirvan y acompañen a sus hijos hasta que estos cumplan la mayoría de edad o fallezca el cónyuge sobreviviente (Bustamante-Tupayachi y Chambilla 15).

En 1815, María Vicentelo dictó su testamento en San Lorenzo. Vicentelo y su finado esposo fueron terratenientes de la quebrada de Tarapacá, contando con varios predios y esclavizados. Respecto de una esclavizada, Feliciana, indicó:

 

es mi voluntad dejarla libre, respecto de que me ha servido con fidelidad y me ha acompañado hasta la hora presente, asistiéndome como hija; pero con el cargo y condición de que no se ha de apartar de la casa acompañando y sirviendo a mis hijos, y caso de no hacerlo, puedan dichos mis hijos o albaceas, obligarla por justicia a que cumpla la condición con que la dejo libre para lo cual le doy desde ahora su carta de libertad. (AHN-FJI, caja 427, pieza 1)

 

La capacidad de obligar a cumplir esta servidumbre, condicionante de la carta de libertad, nos lleva a cuestionar los alcances reales de esta manumisión.

En 1836, un testamento contiene una cláusula similar, añadiendo la devoción religiosa como elemento de interés. Juana de Zavala, hacendada viñatera, libertó a sus esclavizados con esta fórmula:

 

que las esclavas Dominga y Francisca quedarán libres con solo la proposición de que sirvan y asistan a mi dicho esposo y mi hermana Doña Petronila mientras duren sus días y que hasta entonces vivan estos en el santo temor de Dios. Del mismo modo el criado Juan queda libre de la esclavitud con solo la obligación de asistir en esta Iglesia de lo que fuese de mayor necesidad a nuestro sacristán. (AHN-FNT, vol. 6, ff. 233-34)

 

En 1840, un sobrino de Juana, Pedro José de Zavala, intentó impugnar sin éxito este testamento en un largo pleito. En 1850, Manuel Bejarano, cura de Pica y Matilla, alegó que esta heredad era un derecho incuestionable adquirido por la Iglesia (AHN-FNT, vol. 6, f. 257). Respecto de Francisca, apellidada Cabezas y Zavala, casó con un indígena, Manuel Palape, y su descendencia, cuatro hijas y un hijo, figuran como gente libre e indígenas por ascendencia paterna. Fueron agricultores y arrieros (Torres 2, 907-10).

El censo de 1841 identifica a trescientos noventa afrodescendientes clasificados como zambos y zambaigos, siendo solo treinta y nueve negros, de los cuales solo tres proceden del África: uno del Magreb, uno de Guinea y uno de África como denominador general. Entre estos hay diecisiete esclavizados, treinta y ocho libertos y trescientas personas sin datos de oficio ni situación jurídica clara (Díaz y otros 40-41). Las personas esclavizadas e hijos libertos se reducirían a quince hacia 1845. Salvo el hacendado piqueño Pedro José Zavala, que poseía una pareja con su apellido, Feliciano y Rosa, nadie poseía más de una persona esclavizada (Durand 116-99). Los censos coloniales establecieron cifras que van de 7.932 a 8.605 habitantes entre 1792-1812. La decadencia de la minería metálica, las convulsiones de la Independencia e inicios del Perú republicano sin duda tuvieron un impacto demográfico en la provincia. Se registró un modesto crecimiento vegetativo de 10.418 habitantes hacia 1845, pese a que la actividad salitrera experimentaba un continuo crecimiento, las limitaciones técnicas y estructurales fueron un obstáculo (AGN, Libros de Hacienda, vol. 1867). Es incuestionable el brusco descenso de población, afrodescendiente y esclavizada si lo comparamos con los padrones de 181411 para las doctrinas de Pica y Tarapacá, que registran 1.240 afrodescendientes, entre estos doscientos catorce “negros” y ciento treinta y seis esclavizados (AHL, TAP-001-004).

Entre los factores estrictamente regionales de dicho descenso, proponemos la decadencia de la minería metálica a inicios del siglo XIX –causante de pobreza generalizada– y la disminución de la mano de obra esclavizada afrodescendiente, debido al aumento del proceso de mestizaje. La transición desde la protoindustria de beneficio de minerales metálicos a no metálicos (salitre) convocó a una mano de obra en transición al salariado libre y dejó un escaso margen de utilidades para sus propietarios debido al endeudamiento crónico con las casas comerciales habilitadoras. En 1814, había veintinueve esclavizados en Huantajaya, mientras que en 1845 no hay esclavizados en las salitreras y Huantajaya está abandonada. Estos factores internos repercutieron en la caída de la población afrodescendiente y esclavizada en sincronía con factores que operaron en el mismo sentido a nivel nacional e internacional (Aguirre 159). La libertad de vientre decretada en 1821 obligaba a los hijos de las esclavizadas a permanecer con los dueños de sus madres hasta la mayoría de edad, contribuyendo a la incertidumbre jurídica y ocupacional (Chocano 127). Este factor, que afectó el desarrollo histórico de la esclavitud en todo el Perú, tuvo un impacto adicional en una economía regional sumida en la crisis, la decadencia, la incertidumbre y la carencia de dinero circulante. Es notorio cómo en las décadas de 1820 y 1830 una modesta élite regional, propietarios de las unidades productivas y detentores de poder político-social, sepultaba personas esclavizadas de avanzada edad según los registros de defunciones de la provincia, con limitadas posibilidades de renovar por compraventa esta relación social de producción en acelerada extinción.

 

 

8. Conclusiones

 

Este artículo espera ser un aporte al conocimiento de un pasado étnicamente diverso en el que la experiencia de la esclavitud caracterizó la vida económica, social y cultural de la provincia al jugar un rol estratégico en la gestión de las unidades productivas y la vida doméstica asociada. A pesar de los intentos de articular con otras etnicidades y con los mecanismos de resistencia, el escenario hostil del desierto fue idóneo para la sumisión de sujetos subalternos a los antiguos señores de Tarapacá: debido a la precarización a la que estuvieron sometidos/as, se les tornó difícil abandonar el cobijo en techo, comida y trabajo del amo/a.

La revolución industrial tarapaqueña ha sido objeto de extensa discusión historiográfica. Si la entendemos como un proceso único desde el desarrollo de los primeros asentamientos protoindustriales en el desierto, entonces es una historia que está en deuda con los descendientes de África en Tarapacá. La transformación de la roca-mineral en piñas de plata y en nitrato de potasio/pólvora requería de trabajo social en el que los afrodescendientes, esclavizados y libres, tuvieron una participación cualitativamente relevante. Confirmamos así que no hay una historia lineal de formas puras de producir, como advirtió Marx en sus reflexiones tardías (Marx, “Carta” 241-245). Tampoco hay una sola historia del capitalismo, ni siquiera dentro de un mismo país (Dobb 36).

Finalmente, factores regionales en sincronía con factores nacionales y globales terminaron por disolver la esclavitud como relación jurídica de propiedad de un ser humano sobre otro y como relación de trabajo compulsivo. En 1854, cuando el presidente Ramón Castilla, hijo del tratante de esclavizados Pedro Castilla, abolió la esclavitud, esta casi había desaparecido de su provincia natal.

 

 

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