Revista de Humanidades N.º 50: 239-265 ISSN: 07170491 • DOI: 10.53382/issn.2452-445X.835

El Consejo de Pastores: iglesias evangélicas, política y dictadura en Chile, 1973-19801

 

The Council of Pastors: Evangelical Churches, Politics, and Dictatorship in Chile, 1973-1980

 

 

Patricio G. Moya Muñoz

Universidad Alberto Hurtado

Almirante Barroso 10, Santiago, Chile

[email protected]

 

Marcos Fernández Labbé

Universidad Alberto Hurtado

Almirante Barroso 10, Santiago, Chile

[email protected]

 

 

Resumen

 

En el siguiente artículo se analiza la prensa de circulación nacional y revistas eclesiales, para dar cuenta del proceso que llevó a un sector específico de las iglesias evangélicas a apoyar la dictadura en Chile a partir de 1973. Asimismo, analizar la búsqueda del reconocimiento político de estos pastores, el rol que desarrollaron en torno a los procesos que dieron lugar a la Constitución de 1980 y los intentos de participar en su redacción, concluyendo con ello la existencia y legitimidad del actuar político de agentes religiosamente inspirados durante el período.

 

Palabras clave: dictadura, pentecostalismo, secularización, Consejo de Pastores.

 

Abstract

 

The following article addresses, through the analysis of press of national circulation and ecclesial journals, firstly, part of the process that led a specific sector of evangelical churches to support the dictatorship in Chile starting in 1973. Secondly, the search for political recognition by the pastors of these churches and, finally, the role they developed around the political processes that gave rise to the 1980 Constitution and the attempts to participate in its drafting, thus concluding the existence and legitimacy of the political actions of religiously inspired agents during that period.

 

Keywords: Dictatorship, Pentecostalism, Secularization, Council of Pastors.

 

Recibido: 12/07/2022 Aceptado: 06/04/2023

 

 

 

Durante el siglo XX, el aumento en la diversidad de expresiones religiosas fue transformando la relación entre religión y política, debido a que los cambios sociales y económicos marchaban con rapidez y requerían nuevos análisis de la realidad social. Dicha diversidad fue un elemento importante en el marco de América Latina, especialmente respecto de la posición que el catolicismo tenía tras varios siglos de dominio espiritual y social.

Una de las tantas expresiones religiosas que se instalaron en América Latina a principios del siglo XX fue el pentecostalismo. Este hecho no solo implicó un cambio en el panorama religioso, sino también, al insertarse principalmente en los sectores populares, promulgó y perpetuó la idea de cambio. Esto trajo consigo la necesidad de dialogar con el mundo secularizado, donde el pluralismo religioso es parte de esos procesos políticos y sociales en constante transformación. Según Jürgen Habermas,

 

la religión tuvo que renunciar a esta pretensión de tener el monopolio interpretativo y de total estructuración de la vida a medida que la secularización del conocimiento, la neutralización del poder estatal y la libertad religiosa generalizada fueron imponiéndose. (30)

 

Esto se aprecia principalmente en la disminución de la hegemonía católica y el aporte del pentecostalismo al pluralismo religioso, “precisamente porque la separación Iglesia-Estado da, ahora, lugar al pluralismo social y religioso” (Chacón 26).

La relación entre las iglesias evangélicas y la escena política chilena comenzó a transformarse más evidentemente desde la década de 1960, período en el que las iglesias comenzaron también a convertirse en una “nueva fuerza política” (Fediakova, “Protestantismo” 17). Hasta entonces, uno de los factores característicos de las Iglesias evangélicas era el silencio respecto de cuestiones políticas, debido a la importancia que tenía para la fe el estar “alejados del mundo”, identificándose con “un ‘apolitismo’ de tipo conservador” (García-Ruiz y Löwy 6).2

Así, con el inicio del gobierno de Eduardo Frei Montalva, se posibilitó la apertura religiosa, vista todavía como una “subcultura prácticamente cerrada y apartada del contexto social nacional” (Fediakova 34). Muchos pastores y líderes del pentecostalismo chileno vieron en las reformas sociales, como la reforma agraria y la reforma educacional, una amenaza a sus congregaciones, debido a la atracción que implicaba para sus miembros la participación en estas instancias (Sepúlveda 137) y, por ello, en política.

Frente a esto, algunas iglesias vieron la necesidad de cambiar su silencio respecto de cuestiones políticas e instruir explícitamente a sus miembros sobre la participación en actividades que no estuvieran directamente relacionadas con la fe. Uno de los medios a través de los que algunas iglesias evangélicas, principalmente pentecostales, se dirigían a sus miembros, además de los cultos y ceremonias habituales, era la publicación de revistas de circulación interna en las que se informaban sus actividades locales y nacionales, inauguraciones, conmemoraciones, fallecimientos, reuniones especiales y cualquier otro comunicado que una iglesia quisiera publicar para dirigirse a sus feligreses.

Uno de los casos más representativos es el de la revista Chile Pentecostal de la Iglesia metodista pentecostal que, en su número 596 aparecido el primer trimestre de 1970, publicó un editorial titulado “La relación del cristiano con el Estado”. Aquí, se instruía a sus miembros sobre la prioridad que debía tener la iglesia por sobre cuestiones políticas. En este artículo, se esbozaba lo siguiente:

 

el ciudadano cristiano debe apoyar al Estado pero no formar partidos políticos ni sociedades secretas, mientras este se halle encuadrado dentro de los moldes amplios y generosos de la verdadera democracia; y aún más: cuando respete y haga respetar la libertad de conciencia –que es la madre de todas las libertades. (3)

 

Mediante estas instrucciones, buscaban restringir la participación de los miembros de sus congregaciones a actividades eclesiásticas reduciendo su participación en la política al cumplimiento de los deberes mínimos de cada ciudadano.

 

 

1. El Consejo de Pastores y su cercanía a la dictadura

 

Una evidencia del giro hacia una apertura a cuestiones políticas de las iglesias evangélicas fue la organización del Consejo de Pastores, entidad conformada por pastores provenientes de distintas iglesias que habían tenido acercamientos políticos desde los primeros años de la dictadura. Así, los miembros de esta agrupación de pastores “establecerán un nuevo tipo de relación con el Estado autoritario, consistente en el otorgamiento de legitimidad religiosa al Régimen Militar, a cambio del reconocimiento social otorgado por este” (Salinas 272) demostrando la disposición de este grupo a someterse a las autoridades establecidas.

De esta manera, los militares encontraron apoyo en otras confesiones cristianas distintas a la Iglesia católica, la que desde muy temprano había cuestionado a la dictadura, particularmente por la violación a los derechos humanos (Muñoz 648). Surgió, en primer lugar, el CENCA (Centro Evangélico Nacional Coordinador de Actividades) fundado a fines de 1974 que, con posterioridad, daría lugar a la conformación del Consejo de Pastores.

Cabe destacar que, en un primer momento, en 1973, la junta militar declaró que llevaría a cabo su “misión suprema”, la tarea de reconstrucción nacional luego del derrocamiento del gobierno de Allende “ante Dios y la historia”. Al año siguiente, en junio de 1974, Augusto Pinochet asumió como “jefe supremo de la Nación” (Correa 279) estrechando los lazos entre la dictadura y el Consejo de Pastores, que estaba compuesto, inicialmente, por pastores y representantes de veinticuatro iglesias evangélicas, según consta en la revista Estandarte de la Verdad del Consejo de Pastores, de la que se publicaron dos números en 19753.

De forma muy hábil, las iglesias del Consejo de Pastores no mencionaron el compromiso para referirse a sus diálogos con las autoridades militares, principalmente con Pinochet. Pero las ofertas de apoyo, el reconocimiento a Pinochet como siervo de Dios, las 32 firmas de pastores evangélicos en defensa del gobierno militar en un documento que denominaron “Declaración” sin mayor especificación, la participación protagónica de Pinochet en la inauguración del Templo Catedral y del primer Te Deum evangélico, la publicación del documento Posición evangélica en la editorial oficial de la dictadura, el espacio semanal en el diario de circulación nacional La Tercera de la Hora, funcional a la dictadura y la inauguración de una oficina para el Consejo de Pastores en un edificio de propiedad del gobierno ubicado en pleno centro de Santiago, en Av. Bulnes 377, of. 407, inaugurada el 18 de junio de 1975, eran señales de que la relación entre la dictadura y las iglesias del Consejo de Pastores consistía desde un principio, más que solo en diálogos amables (Estandarte de la Verdad 1).

La relación entre quienes formaban parte del Consejo de Pastores y la dictadura, otorgó a los primeros la oportunidad de identificar a quienes consideraban como sus enemigos más inmediatos. Estos fueron presentados en algunas notas de prensa, pero, principalmente, se refirieron a ellos en textos más extensos publicados en distintas revistas evangélicas. Algunas de estas eran publicaciones de las mismas iglesias, a las que se sumó Estandarte de la Verdad del Consejo de Pastores. Además, podemos contar la revista Chile Pentecostal mencionada anteriormente y la revista Alborada Pentecostal, publicada como el órgano oficial de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal. A esto, se agregó el folleto Posición Evangélica, publicado por la Editora Nacional Gabriela Mistral, editorial oficial de la dictadura.

En este folleto, publicado en enero de 1975, se incluyó un breve documento en el que declaraban su apoyo a la junta militar en 5 artículos, el que había sido firmado por 32 pastores el 13 de diciembre de 1974. Además de este documento, que abarcaba 5 páginas, el folleto Posición Evangélica incluía, en un total de 44 páginas, una breve presentación a modo de prefacio, una “Visión sintética de la Iglesia evangélica en la sociedad chilena” y un “Saludo del Jefe Supremo de Gobierno a los Directivos máximos de la Iglesia Evangélica en el Salón de los Embajadores”.

También tenía un relato de la “Entrada del General Augusto Pinochet, Jefe Supremo de la Nación al Salón Plenario”, en ocasión de la ceremonia en que se firmó el documento de apoyo; una “Introducción del pastor Pedro Puentes Oliva”, a modo de justificación del acto de apoyo a la junta militar; un relato de la “Entrega de la Declaración al Jefe Supremo de Gobierno”; el “Discurso del Jefe Supremo de Gobierno”, pronunciado en la misma instancia; un relato de la “Salida del General Pinochet” y un relato acompañado de imágenes de la “Participación del Jefe Supremo de Gobierno en la Inauguración del Templo Catedral de la Iglesia Metodista Pentecostal, el domingo 15 de diciembre de 1974”. Ya en los títulos de Posición Evangélica es posible notar el protagonismo de Pinochet en la ceremonia que dio origen al documento, a quien los pastores y, en específico, Pedro Puentes Oliva (editor de la publicación) se encargaron de destacar no solo como asistente, sino como anfitrión.

Por otro lado, lo anterior es signo de la búsqueda mutua de apoyo de ambas partes, pero no solo con el protagonismo, sino con el dominio total de dicha instancia por parte de Pinochet. Esta cuestión no era discutible, considerando que lo habían catalogado como “siervo” de Dios (La tercera de la Hora 2), denominación que se atribuían todos los pastores y que, por tanto, en la mentalidad evangélica los situaba a todos, a ellos y a Augusto Pinochet, en un mismo nivel.

Al inicio de dicha publicación, es posible destacar dos cuestiones que están presentes en todo el documento. La primera de ellas es la constante alusión a la Iglesia evangélica en singular. Lo anterior se observa específicamente en un documento oficial emitido por las iglesias que conforman el Consejo de Pastores y publicado por la editorial oficial de la dictadura. Se aludía tanto la autoridad de una sola Iglesia evangélica como a que todas iban en la misma línea, lo que no era cierto. El esfuerzo y la insistencia por situarse como la única institución válida para representar a las iglesias evangélicas, dejando fuera a cualquiera que no formase parte del Consejo de Pastores, se manifiesta en todo el documento. Evidencia de este intento de invisibilización de alternativas a la representada por el Consejo de Pastores es la existencia de la Asociación de Iglesia Evangélicas (AIECH) fundada en 1974 y compuesta por pastores de distintas iglesias evangélicas y protestantes que se opusieron al Consejo de Pastores, y denunciaron tempranamente las violaciones a los derechos humanos4. Esta organización decía agrupar al 60% de los evangélicos de Chile y a las principales iglesias protestantes del país. Además, contaba con el respaldo de la Unidad Evangélica Latinoamericana (UNELAM), organización que habría participado en la creación de la AIECH. Algunos de sus miembros formarían parte posteriormente de la Fraternidad Cristiana de Iglesias, organización que el 29 de agosto de 1986 envió una carta abierta a Pinochet, en la que se refirieron a la pobreza en la que vivía el país, la compleja situación de las iglesias y sus miembros, la represión a los manifestantes, las violaciones a los derechos humanos, entre otras cuestiones (Mansilla y Orellana 147-172; Maldonado 48)5.

Una segunda cuestión en la que insistieron de forma más explícita era su pretendido apoliticismo. Desde el principio, en el prefacio, anunciaron que una de las motivaciones de todas sus acciones en favor del gobierno era el ataque al marxismo. Para el Consejo de Pastores, representados aquí por el pastor Pedro Puentes, “pronunciarse sobre el marxismo no es meterse en política, sino refutar una filosofía pagana”(5)6. A esto, agregaron que “participar de un acto público de apoyo al Gobierno es ejercer el derecho que todo ciudadano chileno tiene. Tomar contacto con el Jefe Supremo de Gobierno es un acto cívico que nada tiene que ver con política”, no es sino un “gesto patriótico” (6).

Lo que aquí se intentaba establecer era una diferencia entre el deber ciudadano y su compromiso religioso, tal como lo hizo el pastor Mamerto Mancilla en su artículo de 1970, “El deber del cristiano con el Estado”. Afirmaban no tener ningún compromiso que los obligara, pero ofrecían su apoyo, el que condicionaban a la coherencia con la Biblia:

 

el ser recibido por el Jefe Supremo de Gobierno y manifestarle nuestro apoyo como autoridad no significa ningún compromiso más allá de los deberes propios de todo ciudadano, de las obligaciones que, como entidades, nos determina la ley y la responsabilidad que la Palabra de Dios nos ordena como creyentes en Cristo. (6)

 

A lo anterior, agregaron una precisión en consonancia con las críticas en contra de las autoridades militares hasta ese momento, afirmando que todo su apoyo respondía a un acto de conciencia en favor de un “Gobierno puesto por Dios”:

 

El manifestar nuestro apoyo al Gobierno no significa que apoyaremos los errores que, como seres falibles, puedan cometer a futuro. Solo significa que lo reconocemos como la autoridad que Dios ha establecido y lo apoyaremos en todo aquello que diga y haga en consonancia con las Sagradas Escrituras y por ende con nuestras conciencias. (6)

 

En este último párrafo, a pesar del recurso a la conciencia, es evidente la relativización de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura hasta esa fecha. Al afirmar que, como “seres falibles”, pueden cometer “errores” “a futuro”, se daba a entender que no se habían cometido errores hasta ese momento.

Respecto de que dicho apoyo “solo significa que lo reconocemos como la autoridad que Dios ha establecido” (6), allí es posible leer que el compromiso con la dictadura no era una cosa tan importante. El uso de ‘solo’ puede ser un intento por disminuir la importancia primordial que, en realidad, para el Consejo de Pastores tenía este compromiso. Que reconocieran al gobierno como la autoridad puesta por Dios era una forma de situarlo en un lugar de privilegio para la mentalidad evangélica, por lo tanto, ese ‘solo’ o es un acto intencional con el que aparentaban no darle importancia o fue un error involuntario del redactor, lo que parece poco probable.

En consecuencia, el discurso apolítico conservador que definían, y aun define a un sector de iglesias evangélicas, y que era producto de la creencia de que el mundo es un lugar de pecado, y situaba a estas iglesias en lugares funcionales a un statu quo, en este caso, uno autoritario, significaba que se mantenían al margen de partidos e ideologías, de los políticos en general o del gobierno de turno. Pero, según explican Mansilla y Orellana (46-47), para el Consejo de Pastores, su apoyo a la dictadura no era una transgresión a su apoliticismo, sino el apoyo a un gobierno con características espirituales, por tanto, no políticas, lo que les permitía mantenerse, al menos en el discurso, en su apoliticismo, pero, contradictoriamente, en un apoliticismo que procuraba mantenerse lejos de las prácticas políticas en la teoría, pero estrechamente relacionado con ellas en la realidad. Podemos afirmar, entonces, que el apoliticismo defendido por una parte importante del mundo evangélico, era una actitud política, influenciada por la politización de este grupo de pastores que intentaba instruir a sus feligreses en la necesidad de separarse de toda cuestión política.

 

 

2. El Consejo de Pastores y la dictadura: beneficios y reconocimiento político-social

 

El acontecimiento que marcó un antes y un después en la relación entre el Consejo de Pastores y las autoridades militares fue la realización del primer Te Deum evangélico el 14 de septiembre de 1975, en el recién inaugurado Templo Catedral de la Iglesia Metodista Pentecostal. De allí en adelante, el esfuerzo de este grupo de pastores se concentró en buscar el reconocimiento que, según expresaban constantemente en sus distintos discursos y ceremonias, debían recibir por parte del Estado y que, hasta ese momento, les había sido negado.

La presencia de Augusto Pinochet en la inauguración del Templo Catedral, el 15 de diciembre de 1974 y en el primer Te Deum fue el inicio de este reconocimiento. Simbolizaba la recuperación de un derecho que el Consejo de Pastores consideraba merecido, pero que históricamente solo había recibido la Iglesia católica, en desmedro de las demás confesiones cristianas, protestantes y evangélicas. Así constaba en el primer número de la revista Alborada Pentecostal, editada por la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal, parte del Consejo de Pastores, publicada el último trimestre de 1975, inmediatamente después de la inauguración del primer Te Deum. Se dice que “el Consejo de Pastores de Chile […] está dando pasos decisivos frente al Supremo Gobierno de la nación, para la obtención de franquicias para las iglesias evangélicas chilenas, como también para exigir trato igualitario a las demás confesiones religiosas” (13).

Respecto de lo anterior, lo primero que llama la atención es el uso del plural en iglesias evangélicas chilenas, expresión que el Consejo de Pastores había evitado privilegiando el uso de la Iglesia evangélica chilena. Con esto, se dio a entender la existencia de una sola iglesia, representada por ellos, que deslegitimó a las demás. Ese singular fue utilizado en las publicaciones que involucraban directamente al Consejo de Pastores, el documento Posición Evangélica y la revista Estandarte de la Verdad. La alusión a varias iglesias frente al intento del Consejo de Pastores por posicionar la idea de una sola Iglesia evangélica pareciera no ser accidental, en tanto que puede ser interpretado como un gesto que buscó sumar a nuevas organizaciones bajo el liderazgo del consejo, más aún cuando este hacía público los potenciales beneficios que la buena relación con la dictadura supondrían para sus adeptos.

Como paso siguiente –y confirmando el rol directivo de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal– el gobierno nombró a un representante del grupo de pastores para dialogar con las autoridades políticas y exponer sus peticiones. El elegido fue Hermes Canales Guevara, hermano miembro de dicha iglesia, con sede en la comuna de Conchalí, que luego sería nombrado pastor, ocupando el cargo de coordinador entre el gobierno y “las Iglesias Evangélicas” (Alborada Pentecostal 13) desde noviembre de 1974. La revista Alborada Pentecostal atribuyó a su gestión, junto a otros pastores, haber logrado que por primera vez un presidente estuviera presente en reuniones evangélicas.

Por tanto, esta iglesia asumió el nombramiento de uno de sus miembros para un cargo con un claro carácter político como una legitimación particular frente a la política, cuestión que se mencionó en cada número de su revista, que se publicaba en 1975 de forma paralela a la revista Estandarte de la Verdad, que era la publicación oficial del consejo.

Esta revista tuvo una breve duración, solo publicó dos números (agosto y noviembre de 1975). La revista Alborada Pentecostal, en cambió, se editó hasta marzo de 1977, cuyo contenido refirió en más de una ocasión a los beneficios que las iglesias miembros del Consejo de Pastores recibieron por parte de las autoridades militares, los que abarcaban la búsqueda de legitimación en lo social y en lo político.

 

 

2.1. La consulta ciudadana del 4 de enero de 1978

 

En el panorama internacional, Chile enfrentaba la presión de distintas entidades, como las Naciones Unidas, frente a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Ya en 1974 representantes de un sector evangélico, quienes luego formarían el Consejo de Pastores, se habían manifestado públicamente en apoyo al gobierno militar y en rechazo a las campañas internacionales contra Chile, las que consideraban injustas. Con el asesinato de Orlando Letelier, excanciller del gobierno de la Unidad Popular en septiembre de 1976 en Estados Unidos, esta presión internacional y las denuncias contra Chile aumentaron la tensión (Nazer y Rosemblit 223).

Por esta razón, el gobierno decidió llamar a una consulta nacional, con la esperanza de demostrar que la población lo apoyaba y utilizar ese apoyo como argumento frente a la presión internacional. Sin embargo, no estaban las condiciones que garantizaran la participación de la población en un proceso limpio y transparente. Los partidos políticos de oposición estaban suspendidos, la acción de organizaciones sociales había sido también prohibida a partir del decreto de ley 77 de 1973 (derogado el 14 de febrero de 1991) y se declaró la caducidad de los registros electorales el 19 de noviembre del mismo año, que posteriormente fueron destruidos con el decreto 130 que “declara la caducidad de todos los registros electorales del país”. Por lo tanto, estaba en marcha la organización de una consulta ciudadana, donde estaban autorizados para votar todos los mayores de 18 años, pero sin registros electorales.

Así, el único mecanismo de control del voto era el corte de una esquina de la cédula de identidad, indicador de que la persona ya había votado, lo que no garantizaba la transparencia del proceso. Cabe destacar que la suspensión de los partidos políticos acomodaba a una parte importante de líderes y representantes evangélicos, quienes ya habían manifestado su rechazo a la participación en los partidos y prohibido que los miembros de sus iglesias militaran.

La consulta se realizó el 4 de enero de 1978. El voto decía lo siguiente:

 

Frente a la agresión internacional desatada en contra del Gobierno de nuestra patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país.

 

Este texto iba acompañado de dos opciones: sí, al lado de una bandera chilena; y no, al lado de un rectángulo negro, insinuando la opción correcta.

 

Figura 1

 

 

 

Voto plesbiscito 1978

 

En este contexto, las iglesias evangélicas, incluyendo al Consejo de Pastores, habían decidido abstenerse de opinar públicamente al respecto para evitar condicionar a sus feligreses, lo que puede sorprender, en tanto en 1975 el mismo Consejo de Pastores había publicado, recordando el acto realizado en el edificio Diego Portales, un rechazo a estas acusaciones afirmando que “rechazamos de la forma más tajante la ignominiosa declaración que el organismo máximo del mundo ha emitido contra nuestra Patria, que, por la gracia de Dios, ha vuelto a ser libre y soberana” (Estandarte de la Verdad 11). En esa ceremonia, 13 de diciembre de 1974, calificaron las críticas internacionales como la acción de “una mayoría política ocasional manejada por los países marxistas” (Puentes 29) que “pretende bloquearnos ante el resto del mundo, arma que el marxismo ateo está utilizando para desconocer la legitimidad de nuestro Gobierno” (29).

No obstante, la abstención a la que llamaban a propósito de la consulta ciudadana era, probablemente, un intento por darle transparencia a este nuevo proceso. Sin embargo, a pesar de este compromiso adoptado por las iglesias evangélicas, en los días previos a la consulta aparecieron algunas inserciones anónimas en la prensa nacional en las que se llamaba a los evangélicos a votar por la opción SI en apoyo al Gobierno y a su gestión. El texto de una de estas inserciones decía lo siguiente:

 

El 4 de enero votará por Chile

• Porque somos cristianos y amamos la verdad.

• Porque somos chilenos patriotas y defendemos a nuestro país.

• Porque el actual Gobierno fue exigido por nosotros los chilenos, en lugar del marxismo ateo.

• Porque él ha reconocido la labor espiritual inmensa que realiza la Iglesia Evangélica.

• Porque se ha hecho realidad la libertad y respeto a todos los cultos.

• Porque se ha respaldado a todas las Iglesias sin distinciones.

Por eso decimos SI a nuestra patria.

LOS EVANGÉLICOS VOTAMOS SI. (Diario La Tercera de la Hora s.p.)

 

La veracidad de estas afirmaciones anónimas era cuestionable. Pero, a pesar de que este y otros llamados mediante la prensa eran anónimos y, en ocasiones, firmaba un desconocido “Frente Evangélico Nacional” del que no hay información sobre sus integrantes, hay algunos detalles en este llamado particular que pueden sonar conocidos.

Demás está decir que quien publicaba este llamado apoyaba al “actual Gobierno”. Pero también es alguien, o un grupo, que se refería a la “Iglesia Evangélica” en singular, cuestión que ya hemos visto en el lenguaje habitual de los representantes del Consejo de Pastores, quienes se esforzaban por instalar la idea de que había una sola “Iglesia Evangélica” y que esta apoyaba al gobierno, en un intento por anular la diversidad existente en las iglesias evangélicas. Era el mismo sector que repudiaba constantemente en sus discursos al marxismo ateo.

En este panorama diverso de iglesias evangélicas hubo también un amplio sector que rechazó el Golpe del 11 de septiembre de 1973, la toma del poder político por parte de la Junta Militar, la designación de Pinochet como presidente, el estado de sitio, el estado de excepción y las violaciones a los derechos humanos, entre otros hechos. Lo mismo ocurrió con la AIECH, quienes, además, decían agrupar al 60% de los evangélicos de Chile y a las principales iglesias protestantes del país (Lagos, La libertad religiosa 45).

En esta consulta ciudadana resultó ganadora la opción Sí, con un 75% de los votos, mientras que la opción No obtuvo un 20,24% y hubo un 4,76% de votos nulos (Nazer y Rosemblit 223). Esto, en un ambiente restringido: en estado de excepción y sin oposición, por la supresión de los partidos políticos. A pesar del triunfo, que suponía legitimar las gestiones de la dictadura, el resultado no fue suficiente para combatir la crítica internacional, ya que las condenas por parte de las Naciones Unidas y la visita de relatores que informaban al mundo de las violaciones a los derechos humanos en Chile continuaron hasta el fin de la dictadura.

 

 

2.2. El Consejo de Pastores, la Constitución y el plebiscito de 1980

 

En octubre de 1978, la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República (Comisión Ortúzar) formada el 24 de septiembre de 1973 entregó las actas de su trabajo con miras a la redacción de la Nueva Constitución (Ossa 80-81). El Consejo de Pastores aprovechó esta ocasión para dar personalmente una carta a Pinochet, la que fue acompañada de una declaración publicada en la prensa. En ambos textos se refirieron a la igualdad religiosa y jurídica y a la influencia que atribuían a la Iglesia católica.

En la carta firmada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Pastores7 presentaron “un memorándum proponiendo […] una ampliación del nº 5 del art. 19 del proyecto constitucional en estudio que garantiza la libertad de culto en el país” (Canales 92). En esta solicitud se buscaba

 

establecer [en] una nueva Constitución no solo la “libertad religiosa”, sino también la “igualdad religiosa” asegurando a las Iglesias, Comunidades y Fundaciones Religiosas de cualquier credo, aun a aquellas no cristianas el tratamiento de Corporaciones de Derecho Público, reservado hasta la fecha, según tenemos entendido, solamente a la Iglesia Católica Romana. (92)

 

Esperaban tener incidencia en la última etapa de redacción del proyecto para la nueva Constitución, a pesar de que la comisión encargada ya llevaba cinco años trabajando. Estaban conscientes que era algo complejo de concretar, cuestión que los obligaba a realizar un planteamiento más abierto, incluyendo a otros credos y otras religiones y dejando de lado, por un momento, la búsqueda de representación exclusiva.

De ser aceptada su propuesta, el Consejo de Pastores podría arrogarse el lugar de colaboradores en la redacción de la nueva Constitución, cuestión que jugaría a su favor y que lograría posicionarlos históricamente en un lugar similar al de la Iglesia católica, además del posicionamiento político que lograrían. Sin dudas, este intento por participar de la redacción de la carta magna con un artículo de su autoría era, en sí mismo, un acto político, aun cuando se insistiera en que su rol frente al gobierno era solo espiritual.

Para fundamentar su propuesta, el consejo recurrió, en primer lugar, al ejemplo de Estados Unidos, que tenía un carácter fundante en lo que a constituciones y declaraciones de independencia se refiere (Canales 92). En segundo lugar, recurrieron a una suerte de intercambio, ofreciendo al gobierno votos a cambio de la aceptación de su propuesta, en un intento de negociación política:

 

No escapará a vuestra atención que con el agregado propuesto por nosotros, no solamente asegurará el voto favorable de los evangélicos para la nueva constitución, sino que ello también encontrará los ecos más favorables en países como Alemania y Estados Unidos, que cuentan con una población evangélica muy importante. Contamos con vuestra alta comprensión del problema que preocupa a tan vasto sector de la ciudadanía chilena. (Canales 93)

 

Si en ocasiones anteriores había reaccionado contra los políticos que en tiempos de campaña ofrecían beneficios a las iglesias evangélicas a cambio de votos, cuestión que repudiaba de forma categórica, ahora era el Consejo de Pastores el que ofrecía esos votos de un “vasto sector de la ciudadanía chilena” a cambio de un beneficio político de alto nivel, como participar en la redacción de la que esperaban fuera una parte importante de la nueva Constitución.

Lo anterior redundaría en la admiración del mundo evangélico internacional y marcaría un precedente importante que beneficiaría la imagen de la dictadura ante la mirada atenta de otros países, frente a la situación que vivía Chile. Para el Consejo de Pastores, la mirada favorable de otras naciones, sin duda, podía ayudar a disminuir las críticas de las que había sido objeto el gobierno y el reconocimiento de Pinochet como un auténtico “enviado de Dios”.

En el comunicado de prensa8 que acompañó a esta carta, declararon de forma categórica que “al tenor de la legislación nacional, se puede afirmar que en Chile existe libertad, pero no igualdad religiosa” (Canales 93). El objetivo de este comunicado era dar a conocer a la opinión pública la diferencia de trato que la legislación chilena aplicaba, especialmente desde la Constitución de 1925, hacia las iglesias evangélicas, en particular, frente a la Iglesia católica, la que “había dejado de ser la religión oficial del Estado Chileno” (Canales 93), pero que mantenía los privilegios de una corporación de derecho público.

Finalmente, como punto central de este comunicado, presentaron la propuesta de redacción de un inciso adicional al art. 19 del proyecto constitucional que había sido entregado pocas semanas antes por la Comisión Ortúzar, el que permitiría, según planteaban, una interpretación distinta del art. 547 del Código Civil:

 

Proponemos agregar un inciso 5º al nº 5º del art. 19 que diga:

“Las iglesias, comunidades Religiosas y demás Instituciones afines de cualquier credo serán consideradas Corporaciones o Fundaciones de Derecho Público. Para ser reconocidas como tales y poder ejercer sus derechos patrimoniales, deberán constituirse como Corporaciones o Fundaciones Religiosas y obtener personalidad jurídica de acuerdo con lo dispuesto en el Título XXXIII del Código Civil. Las Corporaciones y Fundaciones Religiosas gozarán de absoluta independencia y se regirán por lo que dispongan sus respectivos estatutos y los acuerdos de las autoridades establecidas en ellos con la sola limitación del inciso 1º de este acápite”. (Canales 94)

 

Esta iniciativa de redacción constitucional no prosperó, dejando en evidencia que el Consejo de Pastores no tenía el peso que imaginaba tener frente al gobierno y quedando el articulado presentado por la Comisión:

 

6°— La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones. (Estado de Chile s. p.)

 

En la sesión 373ª del 23 de mayo de 1978, la Comisión Ortúzar discutió sobre la inhabilidad de ministros religiosos para ser parlamentarios. En esta sesión, el diálogo sobre la forma de incluir a las instituciones religiosas confrontó las opiniones de Enrique Ortúzar, Jaime Guzmán y Raúl Bertelsen, quienes reconocían la particularidad de la Iglesia católica debido a su condición jurídica. Pero, a juicio de Guzmán, una opción prudente era “no hacer distinción entre la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas, usando un término genérico como ‘las personas que ejerzan el ministerio de algún culto determinado’” (República de Chile s. p.). Era pertinente prohibir la participación de los ministros religiosos en cargos parlamentarios, porque estos solo podían opinar desde el plano ético, respetando la separación entre la iglesia y el Estado. No hubo una alusión directa a las iglesias evangélicas en estas declaraciones, aunque estas habían comprometido su apoyo a la dictadura prácticamente desde sus inicios.

Una vez redactada la nueva Constitución, el Gobierno llamó a un plebiscito programado para el día 11 de septiembre de 1980, cuestión que provocó el rechazo de los opositores y cuestionamientos desde la Conferencia Episcopal Chilena, debido a la inexistencia de registros electorales que dotaran de transparencia a la votación, así como el carácter neoliberal y subsidiaria que el texto imponía, que dejaba en claro que la nueva institucionalidad buscaba consolidar las transformaciones económicas y sociales implementadas a lo largo de la década de 1973, además de dar continuidad a la represión política, como ilustraba el articulado transitorio de la Constitución (Lagos, Crisis 254).

Desde el Consejo de Pastores la reacción fue distinta. Debido a las críticas que habían recibido y a distintas declaraciones en su contra desde sus opositores religiosos, el Consejo de Pastores formó la Dirección de Defensa del Consejo de Pastores, estructura interna encargada de contestar a sus detractores a cargo de Hugo Gasc, periodista y pastor miembro del consejo. En este contexto, una delegación se entrevistó con el entonces ministro Secretario General de Gobierno, el general Sergio Badiola, a quien le entregaron una declaración sobre el plebiscito posteriormente publicada por el diario El Mercurio. La delegación estaba compuesta por el pastor Javier Vásquez de la Iglesia Metodista Pentecostal; el obispo Carlos San Martín de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal; el pastor Hugo Gasc, director de la Dirección de Defensa del Consejo de Pastores; Hermes Canales, secretario ejecutivo y José Apablaza, miembro del Consejo.

La declaración decía lo siguiente:

 

1. Estimamos que si bien es cierto que no es papel de una iglesia inmiscuirse en asuntos de política nacional […], creemos también que ante tan importante decisión en que el futuro de nuestra patria está en juego, y que tan peligrosamente viésemos amenazada antes del 11 de septiembre de 1973, no podemos dejar de expresar nuestra opinión al país, porque esto implicaría desconocer la extraordinaria libertad de que hemos gozado desde esa fecha en adelante.

2. Es nuestro pensamiento que este Plebiscito no es una votación política más, sino un discernir sobre ese futuro en el que todos los cristianos tenemos fe.

3. Como Pastores llamamos a nuestros hermanos en la común fe de Cristo, a meditar profundamente en el trascendental paso que habrá de dar la patria y en el cual cada uno de nosotros tiene una responsabilidad irrenunciable, ya que están en juego, en este acto, los valores más preciados, después de Dios, para un verdadero cristiano chileno. (El Mercurio s. p.)

 

 

La razón para intervenir en cuestiones de política nacional era el reconocimiento a la libertad que el gobierno, puesto por Dios y con su enviado a la cabeza, había otorgado al país en un acto de salvación cuasi mesiánica, que los representantes del Consejo de Pastores creyeron era su deber reconocer y apoyar. Fue una de las pocas veces, si no la única, en que reconocieron participar en cuestiones políticas.

No obstante, había una razón más importante: el riesgo que corría el futuro de la patria si no se consolidaba el proyecto del gobierno dictatorial. Y esta fue la segunda vez que se refirieron al futuro, al margen de las concesiones que habían hecho en ese momento para obtener los beneficios que buscaban. La primera había surgido a raíz de su propuesta respecto de la educación, que resultaría en un posible futuro en el que, al año 2000, todo Chile sería evangélico, si es que se les permitía aplicar su proyecto educativo en las escuelas públicas, cuyo aspecto más básico era la implementación de clases de religión en las escuelas en las mismas condiciones en que lo hacía la Iglesia católica.

A lo anterior, se agregaba el reconocimiento estatal a los Institutos Bíblicos (La Tercera de la Hora, 1978; Canales). Los beneficios que solicitaban fueron presentados a Augusto Pinochet, en una reunión que tuvo lugar el 27 de agosto de 1975 y que duró cuarenta minutos (Estandarte de la Verdad 6). En el petitorio que enumeraban seis puntos con los que procuraban que se aplicara a las iglesias evangélicas las mismas atribuciones, derechos y exenciones que había tenido la Iglesia católica:

 

1. Credencial y trato al pastor.

a. Credencial pastoral válida por la autoridad.

b. Darle trato de ministro de fe.

2. Trato a la Iglesia Evangélica: registro oficial de las Corporaciones evangélicas y sus pastores que se entregue a las autoridades provinciales, etc.

3. Impuestos y derechos de aduana.

a. La Liberación de Impuesto Municipal a las construcciones de Templos y sus dependencias.

b. Liberación de Derecho Aduanero a los elementos de trabajo que traen los Misioneros y Pastores que ingresan y regresan al país. Vale decir, vehículo, carpa, proyector, instrumentos musicales, etc.

4. Las capellanías oficiales en los hospitales y las fuerzas armadas.

- Contra la hegemonía de la Iglesia Católica

5. Enseñanza religiosa en los colegios.

- Contra la preferencia de los programas de la iglesia católica.

6. Los medios de comunicación social y la Iglesia evangélica. (5)

 

En el segundo punto, los representantes del Consejo de Pastores matizaron su intervención política; era un deber cristiano proteger el porvenir y el triunfo del gobierno en el plebiscito, como una garantía del futuro que esperaban con fe. Por tanto, desde su perspectiva, votar en el plebiscito a favor del gobierno era un acto de fe y un deber cristiano. Con esta interpretación teológica, posicionaron el plebiscito en el ámbito de lo espiritual, en un esfuerzo por mantener su declarado principio de apoliticismo.

Finalmente, a diferencia del compromiso que habían adoptado en la Consulta Ciudadana del 4 de enero de 1978, para el plebiscito constitucional se hizo un abierto llamado a los feligreses a apoyar al gobierno, aun cuando sus demandas de libertad e igualdad religiosa, su intento de participar en el texto de la constitución con un inciso de su autoría y otras peticiones fueron rechazadas.

Continuaron defendiendo la idea de que los planes de la dictadura eran coherentes con los valores más preciados para un cristiano y estaban justo después de Dios. Justificaron su intervención en cuestiones políticas, pero transformándolas, al mismo tiempo, en un camino de fe, un deber cristiano ineludible para proteger la libertad que, según su interpretación, había sido conseguida el 11 de septiembre de 1973. Así, mediante un lenguaje simbólico de liberación espiritual y de esperanzas para un futuro proyectado por Dios, defendieron una posición, prácticas y discursos ideológico-políticos en apoyo de la dictadura.

Tal como había ocurrido en enero de 1978, la opción del gobierno se impuso por un 67,04% y la opción contraria obtuvo un 30,19%, todavía sin registros electorales que garantizaran la transparencia del proceso. Aunque el resultado fue objetado por una oposición que estaba encabezada por el entonces exsenador Patricio Aylwin, precisamente por la falta de transparencia, el texto de la nueva Constitución fue promulgado el 21 de octubre de 1980 y entró en vigor el 11 de marzo de 1981 (Nazer y Rosemblit 224).

Tres días después del Plebiscito, el 14 de septiembre de 1980, se realizó un nuevo Te Deum en la catedral evangélica, en el que el Consejo de Pastores no perdió oportunidad de referirse al reciente triunfo del gobierno. El pastor Javier Vásquez, miembro del Consejo de Pastores y pastor presbítero de la catedral, celebró el triunfo casi como propio, y manifestó nuevamente el apoyo de su sector a la dictadura, en un discurso publicado luego en la prensa. Allí exponía: “los cristianos sabemos que cuando los gobernantes desean hacer un buen gobierno, deben apoyarse en Dios Todopoderoso y en sus buenos colaboradores. […] Cuando Su Excelencia presentó al pueblo el proyecto de nueva Constitución, dijo: ‘Invoco a Dios Todopoderoso para que ilumine a todos los chilenos’” (La Tercera de la Hora 5). La afirmación de Pinochet fue presentada como argumento de apoyar al gobierno, pues era el camino espiritual correcto, aun cuando no hubiese incluido sus demandas en la misma Constitución, pero expresando la confianza en que dicho apoyo –más aún cuando la Iglesia católica se había perfilado en gran medida como una instancia de “oposición moral” a la dictadura– con el tiempo brindaría resultados.

 

 

3. Conclusión

 

Desde las primeras declaraciones de apoyo a la dictadura, pocas semanas después del golpe de Estado, se fue allanando un camino político para el Consejo de Pastores que le permitió llegar a discusiones legales de gran relevancia. La revisión de decretos ley y de proyectos en curso por parte del gobierno, a los que tuvieron acceso como entidad, sin duda fueron indicio de que el diálogo cercano con autoridades militares se mantenía. A partir de esto, continuaron, aunque en otro ámbito, los intentos por conseguir la homologación con la Iglesia católica, si no como iglesia oficial, al menos como equivalente (Mansilla y Orellana 24); ahora, a través de cambios legales a propósito de la educación y la igualdad religiosa, como recursos útiles frente a la incesante búsqueda de reconocimiento político.

La petición de cuestiones específicas que los situarían en un lugar privilegiado frente a autoridades nacionales, regionales y municipales, era solo el inicio de un camino al final del que esperaban lograr una mayor legitimidad. Pero, para lograrlo, necesitaban una normativa emitida desde las autoridades militares. Es decir, si no lograban legitimidad por el camino espiritual, que fuera, entonces, por el camino autoritario.

Aun así, para lograr la legitimidad a la que aspiraba, el Consejo de Pastores debía elaborar sus propuestas sobre los cambios legales frente a proyectos del gobierno como el de una nueva Constitución evitando un lenguaje que insinuara la búsqueda del monopolio espiritual e incluyendo no solo a otras denominaciones cristianas, sino a otras religiones, debido a que el gobierno también estaba bajo el escrutinio internacional. Fue a partir de estas iniciativas que el Consejo de Pastores profundizó algunas tensiones internas, debido a la posición más moderada de algunos de sus integrantes y la búsqueda de protagonismo político de otros. En este contexto, los cambios en algunas prácticas que habían sido planteadas como principios inamovibles demostraron ser transables, llegando, incluso, a ofrecer a los miembros de sus iglesias a través del voto como moneda de cambio ante la posibilidad de obtener un mayor beneficio político, como la participación en la redacción de una parte, aunque breve, de la nueva Constitución.

Finalmente, aunque no lograron su objetivo de intervenir en la redacción de la Constitución de 1980, lo que aquí resulta relevante es que, incluso inmersos en un discurso de cuestionamiento a la actividad política y la intervención religiosa en ella, el Consejo de Pastores estuvo disponible para entrar en el juego de la política –con todas las restricciones que tenía en el período– y, por ello, a elaborar proposiciones relacionadas con la vida en común y el ordenamiento social. Es decir, hacerse parte del espacio público y así constituirse en un agente dispuesto a participar de un campo en teoría secularizado, pero en el que había espacio –como la misma situación de la Iglesia católica lo demostraba– para organizaciones religiosas.

 

 

 

Bibliografía

 

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